El régimen económico matrimonial en los divorcios de ucranianos y rusos en España
Un caso práctico: la vivienda comprada durante el matrimonio a nombre de un solo cónyuge (SAP Valencia, Sección 10.ª, de 28 de abril de 2021).«Mi excónyuge reclama derechos sobre una vivienda adquirida durante el matrimonio e inscrita solo a mi nombre. ¿Qué ley rige su calificación y qué debe probarse?»
Nota de siglas: Cc = Código Civil; LH = Ley Hipotecaria; LEC = Ley de Enjuiciamiento Civil; SAP = Sentencia de la Audiencia Provincial; DIPr = Derecho internacional privado.
I. Planteamiento: el régimen económico matrimonial como cuestión autónoma
En los divorcios de ciudadanos ucranianos y rusos residentes en España es frecuente centrar el análisis en la competencia judicial internacional y en la ley aplicable al divorcio (Reglamento Roma III), olvidando que el régimen económico matrimonial constituye una categoría jurídica autónoma, con sus propias normas de conflicto y, en muchos casos, con una ley aplicable distinta de la que rige el divorcio.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 10ª, de 28 de abril de 2021, ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo de esta cuestión: un inmueble adquirido en España durante el matrimonio, inscrito en el Registro de la Propiedad y en el Catastro a nombre de un solo cónyuge, resultó finalmente calificado como bien común conforme a la ley ucraniana aplicable al régimen económico matrimonial.
II. Determinación de la ley aplicable al régimen económico matrimonial
Debe distinguirse con claridad entre dos cuestiones que, aunque relacionadas, se rigen por normas de conflicto diferentes:
La ley aplicable al divorcio (Reglamento Roma III, o normas internas cuando no resulte aplicable).
La ley aplicable al régimen económico matrimonial, es decir, al régimen de titularidad y administración de los bienes de los cónyuges.
La determinación de la ley aplicable exige comprobar el ámbito temporal del Reglamento (UE) 2016/1103. Conforme a su artículo 69.3, en la redacción corregida, las disposiciones del capítulo III se aplican a los cónyuges que hayan celebrado su matrimonio o hayan especificado la ley aplicable a su régimen económico el 29 de enero de 2019 o después de esa fecha. No basta con atender únicamente a cuándo se inicia el procedimiento.
La nacionalidad ucraniana o rusa no excluye por sí sola la aplicación del Reglamento: su artículo 20 contempla la aplicación de la ley designada aunque no sea la de un Estado miembro. Cuando corresponde aplicar las normas internas españolas, el artículo 9.2 del Código Civil atiende sucesivamente a la ley personal común al contraer matrimonio; en su defecto, a la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de los cónyuges elegida por ambos en documento auténtico anterior al matrimonio; a falta de elección, a la residencia habitual común inmediatamente posterior y, en último término, al lugar de celebración.
En el caso analizado, ambos cónyuges ostentaban la nacionalidad ucraniana en el momento de contraer matrimonio (1991), por lo que la Audiencia aplica la ley ucraniana como ley personal común, conforme al artículo 9 Cc, sin necesidad de acudir a los restantes puntos de conexión.
III. El contenido de la ley ucraniana acreditado en el proceso
El contenido del Derecho ucraniano se acreditó mediante certificado emitido por el Consulado General de Ucrania en Barcelona, del que resultaba lo siguiente:
A falta de capitulaciones matrimoniales, las relaciones patrimoniales entre los cónyuges se rigen por el Código Civil de Ucrania y el Código de Familia de Ucrania.
Los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son de propiedad colectiva común, salvo pacto o disposición legal en contrario.
Esta calificación como propiedad común se mantiene aunque uno de los cónyuges no haya tenido ingresos propios por causas justificadas (estudios, cuidado del hogar, cuidado de los hijos, enfermedad, etc.).
La exposición del certificado recogida en el documento de referencia menciona la exclusión de los objetos de uso personal. Ello no debe entenderse como una relación exhaustiva de todas las posibles excepciones legales: el carácter propio o común exige revisar la norma aplicable y las circunstancias de adquisición.
La Audiencia equipara expresamente esta presunción de propiedad común a la presunción de ganancialidad que rige en el Código Civil español para la sociedad de gananciales, lo que facilita la comprensión y aplicación práctica de la norma extranjera por el tribunal español.
IV. Los hechos: la vivienda inscrita a nombre de un solo cónyuge
Durante la vigencia del matrimonio, el esposo adquirió mediante escritura pública de 5 de mayo de 2003 una vivienda que se hizo constar con «carácter privativo». En la escritura pública del préstamo hipotecario otorgada el mismo día, el adquirente declaró un estado civil de «soltero», siendo así que en aquel momento se encontraba casado (el divorcio no se dictó hasta el 11 de febrero de 2019). Como consecuencia de esa inscripción, tanto el Registro de la Propiedad como el Catastro reflejaban la titularidad al 100% a favor de dicho cónyuge.
El recurrente alegó que el dinero empleado en la compra procedía de entregas de sus padres realizadas en distintas ocasiones, pero no aportó prueba alguna que acreditase dicho origen privativo de los fondos.
V. La valoración jurídica del tribunal
1. La presunción de comunidad no quedó desvirtuada
Al no haberse acreditado el origen privativo del dinero empleado en la adquisición, la Audiencia entiende que no se ha desvirtuado la presunción de copropiedad que establece la legislación ucraniana aplicable, por lo que la vivienda debe considerarse integrada en el patrimonio común de ambos cónyuges pese a haberse adquirido, formalmente, a nombre de uno solo de ellos.
2. La fe pública registral no altera el régimen económico matrimonial
El tribunal rechaza igualmente el argumento basado en la presunción de exactitud registral (arts. 34, 38 y 44 de la Ley Hipotecaria). El artículo 38 LH establece una presunción de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular registral en la forma que resulta del asiento, pero se trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario. El artículo 39 LH define precisamente la inexactitud registral como el desacuerdo entre lo que consta en el Registro y la realidad jurídica extrarregistral.
En consecuencia, el hecho de que la vivienda apareciera inscrita, y catastrada, a nombre de un solo cónyuge no impide que, acreditado el régimen económico matrimonial aplicable (ley ucraniana) y no desvirtuada la presunción de comunidad, dicho bien sea calificado como común a efectos de la liquidación del régimen económico matrimonial.
VI. La prueba del Derecho extranjero
El caso pone de manifiesto la importancia práctica de la prueba del contenido, vigencia e interpretación del Derecho extranjero aplicable. El certificado del Consulado General de Ucrania cumplió esa función, permitiendo al tribunal aplicar la norma extranjera con el mismo rigor que si se tratara de Derecho español.
La prueba del contenido y vigencia del Derecho extranjero se rige por el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 33 de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil. Pueden emplearse, según las circunstancias, certificaciones consulares o diplomáticas, informes de juristas expertos, dictámenes periciales y los instrumentos de cooperación internacional. No existe una exigencia general de aportar siempre un único tipo de certificado o un número fijo de informes. El tribunal valora la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y ningún informe sobre Derecho extranjero resulta vinculante por sí mismo.
La ausencia o insuficiencia de prueba del Derecho extranjero puede perjudicar la pretensión que se apoye en su contenido. El artículo 33.3 de la Ley 29/2015 contempla, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar Derecho español cuando las partes no hayan podido acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero. No se trata de una sustitución automática a elección de las partes.
VII. Consecuencias jurídicas y recomendaciones prácticas
Debe verificarse siempre, con carácter previo, cuál es la ley aplicable al régimen económico matrimonial (que puede no coincidir con la ley aplicable al divorcio) y qué régimen establece dicha ley en defecto de capitulaciones.
La declaración del estado civil en la escritura pública de compraventa o de préstamo hipotecario debe ser veraz; una declaración incorrecta no altera el régimen económico matrimonial realmente aplicable, y puede además tener otras consecuencias jurídicas.
La inscripción registral a favor de un solo cónyuge no impide que, en la liquidación del régimen económico matrimonial, el bien sea calificado como común si así resulta de la ley aplicable y no se acredita su carácter privativo.
Es recomendable valorar el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales cuando los cónyuges deseen un régimen distinto del que resulte de la ley aplicable, comprobando su validez, su eficacia temporal y los derechos de terceros.
VIII. Conclusión
El caso resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia constituye un recordatorio necesario: en los procedimientos de familia con cónyuges ucranianos o rusos, la titularidad registral de un inmueble en España no puede analizarse de forma aislada, sino en conexión con el régimen económico matrimonial que resulte aplicable conforme a las normas de Derecho internacional privado españolas. Un análisis incompleto de esta cuestión puede llevar a conclusiones patrimoniales erróneas, tanto para el cónyuge que figura como titular registral como para aquel que no aparece inscrito.
Artículo jurídico adaptado del documento facilitado, que analiza la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 10.ª, de 28 de abril de 2021. La referencia al caso se basa en dicho documento. El contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento individualizado.
Referencias normativas: Código Civil, art. 9.2; Reglamento (UE) 2016/1103; corrección del art. 69; Ley Hipotecaria; LEC, art. 281.2; Ley 29/2015, art. 33.
